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19 días después de abrir la caja de los truenos con una sentencia
histórica —que declaraba que eran los bancos y no los clientes los que
debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados—, el Tribunal
Supremo ha frenado en seco para volver a declarar vigente la jurisprudencia
anterior. Una decisión que aplauden los bancos, pero que ha causado disgusto
en miles de ciudadanos hipotecados.
El supremo da marcha atrás: el impuesto de hipotecas lo pagarán los clientes
19 días después de abrir la caja de los truenos con una sentencia histórica —que declaraba que eran los bancos y no los clientes los que debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados—, el Tribunal Supremo ha frenado en seco para volver a declarar vigente la jurisprudencia anterior. Una decisión que aplauden los bancos, pero que ha causado disgusto en miles de ciudadanos hipotecados.
Tras dos días de deliberaciones, por 15 votos a favor y 13 en contra, el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto Tribunal ha decidido con carácter vinculante que sean los clientes quienes liquiden el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Un resultado que de nuevo ha pillado de improviso a todo el mundo.
Cuando todos los expertos daban casi por supuesto que las discusiones entre los magistrados se estaban centrando únicamente en la posibilidad o no de aplicar retroactivamente la nueva doctrina, al final de la tarde se hizo público el fallo que ordenaba volver al escenario anterior al 18 de octubre de 2018.
Consecuencias de este nuevo cambio en la jurisprudencia
La primera consecuencia es evidente: la situación se queda como está; y el impuesto que grava las hipotecas —de momento— seguirá recayendo sobre los clientes.
Los bancos respiran tranquilos por el momento; y empiezan a recuperar en Bolsa algo de lo que habían perdido desde que se conociese el primer veredicto el 18 de octubre.
De hecho, nada más conocerse el fallo del mes pasado, los responsables de las entidades bancarias reclamaron a las autoridades políticas y judiciales la máxima seguridad jurídica para poder desarrollar sus actividades.
Mientras las cotizaciones bursátiles caían en picado, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo convocaba un pleno para que todos los magistrados pudiesen intervenir con la intención de establecer un criterio definitivo y terminar con la incertidumbre.
No cabe duda de que el Supremo ha perdido una gran parte de su prestigio, por culpa de la forma en la que han gestionado sus procesos de toma de decisiones.
Pero también es cierto que el problema viene provocado por una legislación imprecisa y poco clara.
En concreto, el artículo 68.2 del reglamento que desarrolla la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es considerado por muchos como el verdadero causante de la discordia.
Según su redacción actual, el sujeto pasivo del impuesto es el beneficiario de la hipoteca, algo que contradice lo expuesto en la propia ley.
Esto implica que la solución a este entuerto terminará necesariamente en la vía legislativa, ya que el poder judicial puede interpretar la ley pero no puede cambiarla.
Un millón y medio de hipotecados ya no podrán recuperar su dinero
Mientras tanto, los más perjudicados por esta situación son los ciudadanos particulares.
Por una parte, los que ya tienen un préstamo personal, que han visto truncadas sus esperanzas de reclamar la devolución de dicho impuesto.
Y por otra parte, las personas que en un futuro barajaban solicitar el mejor préstamo personal, puesto que si cambia la ley —y al final se aprueba que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas—, su coste se elevará notablemente.
