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Incertidumbre en el sector bancario por los cambios de criterio acerca del impuesto sobre las hipotecas

29 de octubre de 2018

El próximo 5 de noviembre el Tribunal Supremo desvelará quién tiene que pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas. Entretanto, los bancos han paralizado la concesión de hipotecas y solo están formalizando las que ya estaban concedidas y con cita para firmar ante notario.

Como si fuese un serial por entregas o una novela de suspense, el Tribunal Supremo ha decidido calentar el otoño con una serie de decisiones controvertidas, que se van revelando por etapas o capítulos.

Aunque hasta ahora la jurisprudencia había sido favorable a que fuesen los clientes que solicitaban una hipoteca los que pagasen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en una controvertida sentencia el Tribunal Supremo cambiaba hace unos días su doctrina, indicando que son las entidades bancarias las que deben liquidar dicho impuesto.

En ese momento, el culebrón judicial no había hecho más que empezar: en lugar de poner en marcha la aplicación del nuevo criterio —a pesar de algunas dudas pendientes de dirimir sobre sus efectos retroactivos—, el propio Tribunal ha aplazado hasta principios de noviembre la decisión final.

La sentencia que ha establecido una nueva jurisprudencia

El jueves 18 de octubre de 2018 la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hacía pública una sentencia que establecía nuevos criterios sobre quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hasta ahora, siempre se había entendido que era el beneficiario de la hipoteca —el cliente que recibe el préstamo con garantía hipotecaria — quien debía liquidar ese impuesto, que oscila entre el 0,5% y el 1,5% del importe de la hipoteca (en función de cada comunidad autónoma).

Sin embargo, esta nueva interpretación supuso un giro radical, al considerar que son los bancos —en lugar de los beneficiarios del crédito— los que deben pagar el impuesto.

El nuevo argumento del Supremo se basa en que son las entidades bancarias las más interesadas en que la hipoteca quede registrada en una escritura pública.

Discrepancias entre los magistrados del Tribunal Supremo

Este cambio de criterio ha generado un torbellino de reacciones, no solo porque a priori perjudica considerablemente a los bancos —sobre todo si se aplica con carácter retroactivo—, sino porque ha sacado a la luz las discrepancias en el seno del Alto Tribunal.

Los 6 magistrados responsables de emitir el fallo no han conseguido ponerse de acuerdo entre ellos.

De hecho, uno de los jueces se ha posicionado en contra de esta nueva interpretación mediante un voto particular.

Y no solo eso, ya que en la sentencia también consta un voto concurrente de otro de los magistrados, que comparte la decisión, aunque no los motivos que la fundamentan.

El problema se complica aún más porque al día siguiente se comunicó en una nota de prensa que sería la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que revisaría la sentencia y confirmaría o no si son los bancos los que tienen que liquidar dicho impuesto.

El fallo judicial se ha visto envuelto en una gran polémica, incluso a nivel interno.

Es evidente que en el seno del propio Tribunal abundan las discrepancias.

Y parece que no se dirimirán antes del 5 de noviembre, por mucho que el propio Presidente del Tribunal Supremo haya dicho que la sentencia es firme y que ya puede empezar a aplicarse.

Las repercusiones de esta decisión

Mientras tanto, los bancos calculan que el impacto de esta medida puede sobrepasar los 6.000 millones de euros.

Una cantidad que puede aumentar considerablemente, si al final el Supremo declara que esta nueva interpretación tiene carácter retroactivo y que es aplicable a aquellos titulares de préstamos para vivienda que ya pagaron hace tiempo el impuesto

Por esa razón, las acciones de los principales bancos están cayendo en picado desde el jueves pasado y la incertidumbre se ha reflejado en la suspensión de todas las operaciones en curso.

Incluso muchas entidades bancarias han retirado la información sobre hipotecas de sus páginas web, a la espera de conocer la decisión definitiva.


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